Mientras haya injusticia habrá Resistencia...
Mientras haya impunidad habrá Denuncia...
Justicia y Reparación Histórica para Todos los Pueblos Originarios!!!
I Congreso Internacional La vigencia del pensamiento de
Fausto Reinaga, a 20 años de su muerte
a realizarse los días 19, 20 y 21 de agosto de 2014 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Fausto Reinaga es un pensador quechuaymara que
vivió entre 1906 y 1994. En su madurez intelectual se erige en el gran
artífice del pensamiento indianista. El indianismo de Reinaga se convierte en
una respuesta alternativa al pensamiento occidental que nos fue impuesto por
el poder colonial. El pensamiento indianista o pensamiento amautico, tiene
plena vigencia hoy en día en Bolivia y en países con fuerte población india y
movimientos sociales que luchan por la descolonización.
La intelectualidad criolla-mestiza boliviana
quiso excluir al “indio Reinaga”, cercándolo con una especie de “muralla del
silencio”, vanos fueron esos esfuerzos de intentar asfixiarlo, pues el
pensamiento de Reinaga traspasó la “muralla” y llegó a muchos rincones del país
y fuera de las fronteras de Bolivia. Su pensamiento se universalizó con su
filosofía amautica india. Después de 20 años de su desaparición física, el
pensamiento amautico se expande, como una opción para salvar a la humanidad del
desastre mundial. En el siglo XXI el pensamiento de Fausto Reinaga se proyecta
con una fuerza inusitada como la única alternativa a la opresión esclavista y
explotadora del mundo occidental.
En esta perspectiva y después de 20 años de su
fallecimiento ( 19 de agosto de 1994) , La Fundación Amautica “Fausto Reinaga”;
La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, El Movimiento Indianista
Katarista (M.IN.KA) El Centro Cultural Torino; la Universidad Pública de El Alto
(UPEA) con sus Carreras de Sociología, Historia, Ciencias Políticas y Ciencias
del Desarrollo convocan a académicos/as, investigadores/as, estudiantes,
Movimientos Sociales, pueblos indios campesinos originarios y personas
interesadas en participar en el Primer Congreso Internacional sobre la vigencia
del pensamiento de Fausto Reinaga, a 20 años de su muerte, a realizarse los días
19, 20 y 21 de agosto de 2014 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
OBJETIVO:
•Difundir
e intercambiar estudiosos e investigadores sobre el legado intelectual y
político anticolonial de Fausto Reinaga en el siglo XXI.
EJES TEMÁTICOS:
El congreso se propone iniciar el diálogo sobre
La vigencia del pensamiento de Fausto Reinaga, a 20 años de su muerte,
convocando a estudiosos, investigadores y escritores académicos, de movimientos
sociales y pueblos indios, del ámbito nacional e internacional a presentar
ponencias en base a los siguientes ejes temáticos:
•Pensamiento,
vida y obras de Fausto Reinaga.
•Testimonios
y memorias orales sobre Fausto Reinaga
•Filosofía,
política, Estado y dominación colonial.
•Diferencia
entre indigenismo e indianismo.
•El
pensamiento amautico y pensamiento occidental
•Movimientos
sociales contemporáneos y el pensamiento de Reinaga.
•La
influencia de Reinaga en la cultura y el arte.
•Educación
e identidad.
•Fuerzas
Armadas y el pensamiento de Reinaga
PONENCIAS:
Los participantes que deseen enviar una ponencia,
lo pueden hacer en un resumen de 300 palabras, indicando el título, nombre
completo, filiación institucional y correo electrónico de contacto, enviar a:
inkarupaj@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra
spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
, hasta el 31 de julio de 2014. Las instituciones convocantes se
reservan el derecho de selección de las ponencias, las mismas que serán
posteriormente publicadas.
El traslado, alojamiento y estadía correrá por
cuenta propia de cada participante tanto del interior como del exterior. Los
organizadores facilitaremos una carta de invitación formal para cualquier
trámite.
PARTICIPANTES
Todos los participantes deben registrarse por
internet, tanto del interior y exterior, indicándonos, su nombre completo,
e-mail, cargo y/o institución y el país de procedencia.
E-mail:
cilasaca@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra
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,
ilasaca@hotmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra
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,
inkarupaj@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida contra
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Los hechos ocurrieron en Finca El Yuto, que es propiedad de Gianfranco Macri. "Vinieron y aparecieron con policías y con otra gente para sacar la posesión a quienes somos nativos de acá", afirmaron los aborígenes. Un nuevo hecho fue indicado por miembros de las comunidades del departamento San Martín quienes señalaron que son amenazados por titulares registrales y la Policía para salir de tierras donde hay monte virgen, y de donde se proveen de algunos productos para vivir, como el chaguar. Estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, a través del cual se trazan los límites del territorio comunitario que reclaman las comunidades.
Así lo indicó Teodoro Paz, de la comunidad Las Llanas 2, quien indicó que ayer las comunidades de la zona se estaban juntando a fin de dar su apoyo a los miembros de las comunidades de Árbol Solo y Palo Blanco, que se encuentra entre Hickman y Dragones, sobre la ruta 81, en el departamento San Martín.
Contó que el jueves, los miembros de las comunidades mencionadas se encontraban "sacando chaguar y otros productos para hacer trabajos artesanales y entró esta gente (un encargado de la finca acompañado por la Policía), atropellándolos".
El hecho es que, dijo Paz, estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial que exige la Ley 26.160, a través del cual se trazan los límites del territorio comunitario que reclaman las comunidades.
Paz aseguró que los hechos ocurrieron en Finca El Yuto, que es de propiedad de Gianfranco Macri. Afirmó que la situación no es nueva, dado que en 2010 desde Las Llanas se realizó una denuncia porque los titulares y administradores de la finca "vinieron y aparecieron con policías y con otra gente para sacar la posesión a quienes somos nativos de acá". Sostuvo que ellos estaban en la zona que reivindican como territorio, y "ellos cayeron en camión y en auto y entraron sin pedir permiso diciendo que son los dueños".
LA PELEA ES POR LA TIERRA Y EL MONTE VIRGEN
Indicó que Macri fue hasta la zona a negociar con ellos "porque dicen que esta es su tierra. Y dijeron que son hombres de trabajo y que iban a prometer trabajo. Pero ellos apenas tienen cinco trabajadores y les dijimos que no podían hablar de trabajo", contó al dar un fragmento de lo conversado en la reunión.
En ella, Macri refirió que a través de estas acciones, las comunidades frenaban unos 250 proyectos de la empresa. Y es que la zona que se reivindican como originarias aún tiene monte virgen. Y la finca abarca, sobre la ruta 81, territorio que está entre Hickman y Dragones, y que incluso llega en algunos casos a Rivadavia.
"Entonces al final, ellos son propietarios de la zona sur y norte", manifestó Paz.
Por ahora, indicó, se decidirán las acciones a seguir ante este tipo de situaciones que consideran atropellos.
Trataron sobre los fondos de Bosques En una reunión que se mantuvo en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), se planteó la situación sobre la Ley de Bosques y su instrumentación en Salta que autoridades nacionales consideraron violatoria. Según el informe que envió el gobierno salteño, se sostuvo la necesidad de "crear un fondo fiduciario con el objeto de favorecer las gestiones de fondos provinciales y su incremento paulatino de acuerdo a lo establecido por ley (y) la posibilidad de generar instrumentos financieros que permitan a los sectores productivos cumplir con lo establecido en la Ley General de Ambiente.
Comunidades cortaron la ruta 81
ante la falta de reconocimiento de sus territorios
Comunidades del departamento San Martín, decidieron ayer continuar y reforzar el corte que iniciaron el lunes sobre la ruta nacional 81 entre Hickman y Dragones. Sus reclamos apuntan al necesario reconocimiento de sus territorios, cuyas coordenadas surgen del relevamiento que se realizó en el marco de la Ley 26.160.
El lunes, las comunidades procedieron al corte en media calzada. Pero ayer comenzaron a realizarlo cada media hora sobre toda la ruta, ante la falta de respuestas por parte de los organismos nacionales y provinciales.
La medida fue impulsada ante distintos atropellos que sufrieron en el territorio. Pues además de los desmontes que se autorizan sin la debida consulta a las comunidades, se les impide ingresar en los montes vírgenes para sacar los productos que les hacen falta. Esto sucedió con las comunidades wichí de Palo Blanco y Árbol Solo, que la semana pasada fueron desalojados por la Policía y el administrador de Finca El Yuto (de la familia Macri), de uno de los pocos montes vírgenes que quedan en la zona.
Las comunidades sostienen que necesitan un asesor jurídico que se encuentre cerca de ellos, dado que pese a que tuvieron algún asesoramiento legal, las causas fueron cayendo de a una sin que puedan conocer resultados. A ello agregaron que muchas veces se encuentra gente de Buenos Aires que no conoce su realidad, o con quienes pierden comunicación.
En caso de seguir sin respuestas, indicaron que continuarán con el corte de ruta.
FUENTE Y FOTO: Nuevo Diario - Que Pasa Salta
Comunidades originarias del norte de la provincia de Salta iniciaron este lunes (21 de julio 2014), un corte en la ruta nacional 81. La medida se inició tras los atropellos que sufrieron miembros de las comunidades wichì de Palo Blanco y Arbol Solo, en un monte virgen de Finca El Yuto.
Teodoro Paz, representante de las comunidades wichí, detalló la situación que vivieron los miembros de la comunidad mientras se encontraban buscando productos del bosque a utilizar. Los caciques de 8 comunidades indicaron que el corte seguirá este martes 22 de julio.
Las Comunidades denuncian que los echan del monte con policías. Además, exigen el reconocimiento del relevamiento territorial y reclaman un asesor jurídico en la zona.
Estos desplazamientos de las comunidades, de parte de los sectores de poder, son continuos, producto del avance de la frontera agropecuaria, la explotación forestal, y las explotaciones hidrocarburíferas.
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Presentan un hábeas corpus para evitar que comunidades sean reprimidas
El abogado Hernán Mascietti, radicó en el Juzgado Federal de Orán- Salta, un recurso de hábeas corpus a fin de evitar la represión contra miembros de 13 comunidades que se encuentran apostados en la ruta nacional 81.
La presentación se hizo luego de que las comunidades originarias cortaran la ruta durante tres días, pidiendo que se respete el relevamiento territorial. Los titulares registrales de la zona echan a los originarios de los montes vírgenes con la policía.
Mascietti apuntó además a la complicidad de la Justicia en la demora de las resoluciones de las causas.
Las comunidades siguen a la espera de una respuestas de los organismos provinciales y nacionales pertinentes.
Radio Nacional Salta
AM690 . FM102.7
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Testimonios: En este enlace leer el artículo completo realizado por OPsur, hace 4 años (2010) "...los dueños de la tierra y el subsuelo ..." “Cuando yo tenía 10 años, no había nada, todo era monte. Ahí uno podía recorrer, buscar todo lo que es del monte, pero llegó un momento, en los últimos años, que uno no puede sacar nada porque todo está alambrado a la vuelta [alrededor]”, cuenta César Saracho, presidente de la misión wichí La Chirola. Su comunidad está en la entrada de Fortín Dragones, a la vera de la ruta 81; a un lado se levanta el pueblo, a los otros, los alambrados de los campos del Grupo Macri y los de un ex alto funcionario provincial -dicen los vecinos. “La situación económica es muy crítica, todo por la gente que viene a comprar lotes, que después desmontan”, acusa.
“La deforestación de la provincia se concentra actualmente en el departamento San Martín y, en forma creciente, en el departamento Rivadavia. Allí es donde se encuentran los principales remanentes el bosque tropical seco del Chaco Salteño. En 2007 fue autorizada la deforestación de una superficie de tierras sin precedentes en aquellos departamentos [435.399 hectáreas], poniendo en gravísimo riesgo la integridad ecológica de una región que […] es el territorio de ocupación tradicional y actual de más de 200 comunidades indígenas”, sostienen Andrés Leake y María de Ecónomo en su informe La deforestación de Salta 2004-2007, publicado en 2008 por la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (Asociana). “En los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, habitan más de 23 mil indígenas cazadores-recolectores. Hasta la fecha –y tras décadas de reclamos- sólo han logrado legalizar en forma efectiva sus derechos de propiedad sobre tierras que, en conjunto, constituyen menos del 5% de la superficie afectada por los desmontes propuestos en los últimos tres años y tres meses [807.509 hectáreas]”, subrayan.
"NAPALPI...COLONIA ABORIGEN...COLONIA DE QUIENES?"
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19 de julio de 2014
A NOVENTA AÑOS DE UNA DE LAS MAYORES MATANZAS ARGENTINAS DEL SIGLO XX
Días de la historia- Capítulo 8 La masacre de Napalpí - Melitona Enrique
PIDEN UNA INVESTIGACIÓN A 90 años de la masacre de Napalpí
Más de 400 mocovíes, qom y shinpi fueron asesinados en 1924, en Chaco; hace un mes una fiscalía abrió un expediente de oficio; el único sobreviviente tiene 107 años
El 19 de julio de 1924 la policía rodeó a losborígenes en Chaco y los asesinó
Organismos de Derechos Humanos rindieron homenaje a las víctimas de la masacre de Napalpí al cumplirse hoy 90 años de esta matanza de unas 400 personas en una reducción aborigen de Chaco, por lo cual la Fiscalía Federal de Resistencia abrió hace un mes una investigación para juzgarla como delito de lesa humanidad.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco celebraron que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia "promueva una investigación de oficio para impulsar un juicio por la verdad" por la masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924, y también por la matanza de El Zapallar, que tuvo lugar en 1933.
"Esto forma parte de la historia de nuestros pueblos originarios y no queremos que quede en el olvido", dijo el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Ricardo Ilde, quien destacó la iniciativa de los fiscales federales de Resistencia para reabrir la investigación de estos hechos históricos.
"La idea es constituirnos como querellantes", adelantó Ilde, para quien las diferentes matanzas que tuvieron lugar en el suelo chaqueño, como las de Napalpí, El Zapallar y Margarita Belén, respondieron "siempre a una misma lógica por parte de oligarquías que pretendían quedarse con tierras o beneficios económicos que nos les correspondían".
Ilde destacó los avances evidenciados durante los últimos años en la condena de delitos de lesa humanidad en esta provincia, cuyo mojón más importante fue la condena de nueve ex militares por la Masacre de Margarita Belén, perpetrada en la madrugada del 13 de diciembre de 1976 contra una veintena de militantes políticos.
"Tanto esta masacre, como la de Napalpí, El Zapallar o la de Rincón Bomba en Formosa, forman parte de una idéntica modalidad: implantar la cultura del genocidio para reprimir y castigar la resistencia a la opresión", consideró Ilde.
Pero a diferencia de los fusilamientos de Margarita Belén, la reconstrucción de las masacres aborígenes se torna dificultosa por la escasez de testimonios que acrediten con precisión estos hechos históricos.
UN ÚNICO SOBREVIVIENTE
El único sobreviviente de las masacres de Napalpí y El Zapallar es Pedro Balquinta, un anciano mocoví de 107 años que el 18 de junio prestó declaración testimonial ante el fiscal federal Diego Vigay, quien impulsa la investigación junto a sus pares Carlos Amad y Patricio Sabadini.
"El testimonio de Balquinta tiene un gran valor simbólico", sostuvo Vigay, aunque aclaró que esta reconstrucción histórica también habrá de sustentarse en los relatos de descendientes de las víctimas y en libros, documentales y entrevistas, además de la poca documental judicial que logró rescatarse de la época.
"Durante décadas, la Justicia negó el crimen y archivó la investigación", dijo Ilde, para quien los testimonios de otras sobrevivientes ya fallecidas, como Melitona Enrique y Rosa Chará, ayudó a "visibilizar la verdad histórica", junto al aporte de historiadores como Juan Chico, Pedro Solans y Vidal Mario.
Agrupaciones de Derechos Humanos chaqueños apuntaron en un comunicado que es "necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes".
"La construcción de la identidad es un trabajo colectivo y que no puede cometer omisiones", indicaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de Ex-Detenidos políticos del Chaco, H.I.J.O.S-Chaco, Hijos Construyendo Memoria Chaco y el Comité de Prevención de la Tortura
DYN
Napalpí, la masacre impune
El 19 de julio de 1924, unos 700 indígenas fueron cercados por la policía en el Chaco: quienes no murieron baleados, fueron degollados. Habían protestado por la explotación a la que eran sometidos. Recién ahora se puso en marcha una investigación. Hoy habrá un acto.
Por Darío Aranda
Fue una de las mayores masacres argentinas del siglo XX. Al menos 700 víctimas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Quienes no murieron por las balas policiales, fueron degollados con machetes y hachas. El motivo de la represión fue la negativa a ser mano de obra esclava, denunciar maltratos y, también, el ser indígenas. La orden fue política; el motivo, económico (el avance algodonero y la necesidad de brazos para la cosecha), y los ejecutores fueron la policía y grandes terratenientes. Sucedió en Chaco, hace noventa años, y hoy los pueblos indígenas conmemoran la matanza que se conoce como “Masacre de Napalpí”. El crimen aún sigue impune. “Es crucial analizar la masacre de Napalpí en el marco de un proceso social genocida que sigue teniendo consecuencias sobre los pueblos originarios”, afirmó Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena.
En 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen. El Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. La superficie sembrada en Chaco era de 100 hectáreas en 1895. Para 1920 había crecido exponencialmente: 50 mil hectáreas.
La Reducción Aborigen de Napalpí (a 120 kilómetros de Resistencia) era un espacio de sometimiento donde los indígenas eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud. Los maltratos eran frecuentes y no tenían los mismos derechos que el resto de la población.
En julio de 1924, los indígenas qom y mocoví se declararon en huelga. Denunciaban los maltratos y la explotación de los terratenientes. Y planeaban marchar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Pero el gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El argumento oficial fue una supuesta “sublevación” indígena.
El 19 de julio a la mañana, 130 policías y civiles (enviados por grandes estancieros) rodearon a los grupos en huelga y dispararon con rifles durante 45 minutos. Mataron a hombres y mujeres, ancianos y niños. “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre. Los heridos fueron degollados, algunos colgados”, relata el libro Napalpí, la herida abierta, del periodista Vidal Mario.
Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional: “La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.
La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció: “Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”. El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.
El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación. “La discusión pública debe preguntarse por qué el funcionamiento estatal, cuando refiere a pueblos indígenas, promueve recurrentemente acciones represivas. Ejemplos claros son la feroz represión ocurrida en Pampa del Indio (Chaco) a inicios de este año, lo que ocurre en la comunidad qom La Primavera (Formosa) o en Santiago del Estero.”
Juan Chico es qom, nacido y criado en el lugar de la matanza (hoy llamado Colonia Aborigen). Escribió (junto a Mario Fernández) el libro Napalpí. La voz de la sangre. Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época) y valorizó que en Chaco se hable cada día más de la masacre de indígenas. También trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.
En 2008, el gobierno de Chaco pidió públicamente perdón por la matanza y entregó una vivienda a la sobreviviente Melitona Enrique. Hoy a las 18 habrá un acto conmemorativo en el lugar de la matanza. Será interno de los pueblos qom y mocoví, recordarán a las víctimas y volverán a exigir justicia. A noventa años de la masacre, el crimen permanece impune.
Municipios potosinos afectados por contaminación minera inician juicios
Potosí - Bolivia
julio 2014
Potosí, un verdadero tesoro en peligro
por la explotación minera
A pura explosión de dinamita y con más de cien kilómetros de socavones que recorren su interior, el cerro Rico de Potosí en Bolivia, símbolo de la riqueza colonial americana, corre el riesgo de derrumbarse y atrapar a miles de mineros. Como hace 500 años, los mineros extraen plata y estaño a pico y pala, formando una intrincada red de galerías que asemeja un hormiguero.
La Unesco declaró en junio como Patrimonio Mundial de la Humanidad en Peligro a la antigua Potosí y a su carcomido cerro, pero las advertencias no hacen mella en la incesante actividad minera. "No vamos a dejar este lugar, porque es el sustento de nuestras familias. ¿Adónde vamos a ir?", se pregunta Carlos Mamami, dirigente minero en una de las cooperativas del cerro de 4.787 metros, que por la extracción mineral ya ha perdido 400 metros de sus originales 5.180.
La declaración de la Unesco encendió una alerta por la situación de 12.000 mineros que trabajan en una estructura en la que se registraron "más de 130 hundimientos", según el ministerio de Minería boliviano. La cima de la montaña ha perdido su forma original. El gobierno boliviano intentó frenar el deterioro con un relleno con cemento, arena y poliuretano, pero el suelo ha vuelto a hundirse. Los obreros, agrupados en cooperativas privadas, trabajan día y noche y sacan diariamente unas 5.000 toneladas de tierra y mineral.
Sueños de fortuna y gloria
Según la leyenda, con toda la extracción al cerro Rico en la época de dominación española se hubiese podido construir un puente de plata desde Potosí hasta Madrid. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, Potosí fue fundada en 1553 y en pocos años se convirtió en una de las ciudades más pobladas del mundo. La mayoría de sus 160.000 habitantes eran entonces extranjeros atraídos por una villa que era epicentro de la actividad económica de la colonia.
"La Unesco no quiere que un patrimonio de la humanidad se convierta en un cementerio, en un lugar de desastre", dijo públicamente el ministro boliviano de Cultura, Pablo Groux, luego de la declaratoria de la entidad. Potosí y las instalaciones coloniales que la rodean fueron declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1987.
Pobladores de la antigua Potosí creen que el cerro Rico, un emblema de los orígenes de Bolivia, presente en la bandera y en la moneda del país, debería ser preservado. "Queremos que se cuide al Cerro y se detenga la actividad" minera, dijo Magela Alí, una vecina potosina. Mientras tanto, Gregorio Condori, otro vecino, comentó que el cerro "debería quedar como un monumento, no dejar que se explote más, y convertirlo en un lugar turístico porque, si no, en algún momento van a destruirlo por completo".
La Unesco lanzó en junio su alerta de Patrimonio en Peligro sobre un total de 392 hectáreas que incluyen el cerro, 22 lagunas creadas en la época colonial para alimentar los ingenios y el casco antiguo de Potosí. "Hay un evidente deterioro en Potosí porque no hay políticas de preservación", dijo Osvaldo Cruz, director de Cultura de la Gobernación. Un comité interinstitucional de Potosí busca consensuar soluciones a corto y largo plazo, pero todo queda en pronunciamientos públicos.
Una fuente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad potosina dijo a la agencia Afp que "no hay preservación de los monumentos porque no tenemos recursos económicos" para hacerlo. Hoy la ciudad, sumida en la pobreza, mantiene sus calles angostas que suben y bajan hacia un casco viejo deteriorado. Las casas de estilo barroco con columnas de piedra, puertas de madera talladas y terrazas con vitrales reflejan el pasado de esplendor de un pueblo que inundó con su riqueza a colonizadores españoles, militares criollos y aventureros ávidos de fortuna y gloria.
Perfil
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URGENTE
Daño ambiental en el Rio Pilcomayo
Colapsa dique de residuos mineros en Bolivia
y contamina aguas del río Pilcomayo
Un dique de residuos mineros de Potosí, en el suroeste de Bolivia, colapsó contaminando el río internacional Pilcomayo, que desemboca en Argentina y Paraguay, informó este viernes (04 de julio 2014) un fiscal que investiga el hecho.
El río tiene una extensión de 2.400 kilómetros y es límite fronterizo entre Paraguay y Argentina.
No es un accidente menor. Se trata del colapso de un dique de residuos de plomo, plata y zinc de una empresa minera privada S. A. (Santiago Apostol) que opera en Canutillos, municipio de Tacobamba (Potosí), y que ha derivado en un derrame sobre la cuenca alta del río Pilcomayo.
José Luis Ríos, fiscal que investiga el suceso ocurrido el jueves. El caso ya es de conocimiento del Gobierno, que a través del Ministerio de Minería y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Conmibol) informaron, por separado, a la agencia AFP que “se está evaluando la rotura del dique y el daño ambiental que habría provocado”.
“Ha colapsado el dique por la parte de abajo, ha habido una especie de explosión que hizo botar esas aguas al río Pilcomayo”, informó Ríos, presumiendo responsabilidad de una empresa minera cuyas siglas son S.A.
Según la cartografía, el afluente con residuos desemboca al río de Colavi, pasando por las comunidades de Chari Chari, Tacobamba y llega al Pilcomayo.
Sin embargo, aún no se ha podido establecer las causas precisas de la rotura del dique, ni cuánto residuo minero se escurrió hacia el Pilcomayo.
El accidente de la firma extractivista ocurre en el peor quinquenio para el Pilcomayo, que, a la altura del Chaco boliviano, ha registrado sequías y casi la desaparición del sábalo atribuidos a la contaminación minera y al desvío del caudal en territorio internacional.
La contaminación que provocan los yacimientos mineros ha sido advertida por varios grupos ecológicos.
Organizaciones ecologistas denunciaron que, debido al deficiente control estatal, las empresas contaminan los ríos de Potosí y Oruro con arsénico, plomo, cinc, cianuro, mercurio y otros agentes que se usan para procesar los minerales que se extraen en la región.
En los últimos años, poblaciones indígenas weenhayek y campesinas ubicadas a lo largo de afluentes en los Andes y el Chaco bolivianos han exigido al Gobierno una solución de fondo en la zona donde la actividad minera genera una fuerte contaminación. Para la organización de weenhayeks y de tapietés el Pilcomayo es fuente esencial de su subsistencia por la pesca
Se ha tomado la determinación de que no continúe la actividad minera
y la paralización del ingenio en la zona
“Se ha tomado como primera medida que la empresa ya no siga con esta actividad minera, esto es la paralización del ingenio; dos, ya me van a remitir los antecedentes a objeto de que procedamos con las apertura de un proceso de oficio tomando en cuenta que se trata de un delito público, para que pueda investigarse”, señaló el fiscal Ríos, citado por la red Erbol.
Desechos tóxicos de minería
afectan cuenca del Pilcomayo
Un dique de residuos mineros de Potosí, en el suroeste de Bolivia, colapsó contaminando el río internacional Pilcomayo, que desemboca en Argentina y Paraguay, informó este viernes un fiscal que investiga el hecho.
"Ha colapsado (el dique) por la parte de abajo, ha habido una especie de explosión que hizo botar esas aguas al río Pilcomayo", dijo el fiscal de la región José Luis Ríos, entrevistado por la radio privada Erbol.
El dique de la empresa privada minera "Santiago Apostol" colapsó el jueves en el departamento andino de Potosí, donde nace el Pilcomayo, que se dirige en dirección sureste por poblados indígenas y campesinos para desembocar en Argentina y Paraguay.
El río tiene una extensión de 2.400 kilómetros y es límite fronterizo entre Paraguay y Argentina.
El fiscal Ríos indicó que "se ha tomado la determinación de que no continúe la actividad minera y la paralización del ingenio" que procesa complejos mineros de plomo, plata y zinc. Además, se ordenó "la apertura de un proceso de oficio porque es un delito de orden público", indicó.
Aún no se pudo establecer las causas precisas de la rotura del dique, ni cuánto residuo minero se escurrió hacia el Pilcomayo.
El Ministerio de Minería y la estatal Corporación Minera de Bolivia informaron por separado a la AFP que "se está evaluando la rotura del dique y el daño ambiental que se habría provocado".
Poblaciones indígenas y campesinas ubicadas a lo largo de decenas de afluentes en los Andes bolivianos han exigido al gobierno una solución de fondo en la zona donde la actividad minera genera una fuerte contaminación.
Organizaciones ecologistas denuncian que, debido al deficiente control estatal, las mineras contaminan los ríos de Potosí y Oruro con arsénico, plomo, cinc, cianuro, mercurio y otros agentes que se usan para procesar los minerales que se extraen en la región.
El vertido tóxico por la ruptura de un dique minero en el cauce boliviano del río Pilcomayo, que también discurre por Paraguay y Argentina, "puede causar daños irreversibles", advirtió el fiscal provincial José Luis Ríos
Ríos declaró a Erbol que el vertido, que se produjo esta semana al colapsar un dique de contención de residuos perteneciente a una minera privada
El vertido tóxico por la ruptura de un dique minero en el cauce boliviano del río Pilcomayo, que también discurre por Paraguay y Argentina, "puede causar daños irreversibles", advirtió el fiscal provincial José Luis Ríos, según citó hoy la prensa local.
Ríos declaró a Erbol que el vertido, que se produjo esta semana al colapsar un dique de contención de residuos perteneciente a una minera privada en el departamento andino de Potosí, "puede causar daños irreversibles a nuestra sociedad" y pidió a las comunidades que viven en la cuenca fluvial que no consuman agua del río.
Fiscal afirma que colas llegaron al Pilcomayo
El Ministerio Público no descarta solicitar la detención preventiva del dueño de la empresa minera, pero aún están en la pesquisa preliminar.
El fiscal José Luis Ríos Filips muestra el cuaderno fotográfico a la prensa.
El fiscal de materia de la provincia Cornelio Saavedra, José Luis Ríos Filips, afirmó que las aguas mineralizadas del dique de colas Santiago Apóstol llegaron a contaminar la cuenca del Pilcomayo.
“Esas aguas directamente van al río Pilcomayo y, por ende, han ido a contaminar”, aseveró a el Potosí. El viernes 4 de julio se reportó la ruptura del dique de colas que está ubicada en la comunidad de Canutillos.
Y, desde ese entonces, el Ministerio Público se constituyó en el lugar con la finalidad de realizar las pericias respectivas porque el caso es considerado “muy delicado”.
Explicó que el Ministerio Público aún no puede requerir algún actuado legal porque recién se inició la etapa preliminar de la investigación sobre lo ocurrido con el dique de colas que está ubicado en la comunidad de Canutillos, provincia Cornelio Saavedra.
“Estamos reuniendo todos los elementos de prueba y, en base a eso, hacer una compulsa cabal para que posteriormente hagamos una eventual imputación y posiblemente se pueda solicitar la detención preventiva”, detalló.
Sin embargo, añadió que los pobladores de las comunidades asentadas a orillas del río Pilcomayo ya se pronunciaron al respecto y anunciaron que tomarán acciones legales contra la empresa minera.
El fiscal dijo que en los siguientes días se citará Mario Cano, representante legal de la empresa minera Santiago Apostol, con la finalidad de que diga su verdad al respecto de lo que ocurrió.
“También se han hecho unos requerimientos fiscales a las entidades pertinentes a objeto de que nos hagan conocer si esta empresa (minera) tenía su manifiesto ambiental”, dijo.
Ríos Philips dijo que se pudo evidenciar que el dique de colas que reventó no reunía las mínimas condiciones para operar; es decir no tenía una geomembrana.
LOS TRABAJOS en la empresa minera Santiago Apóstol están paralizados por orden de la secretaria de Medio Ambiente y la Fiscalía.
Gobernación dice que fue sifonamiento
La secretaria de la oficina Madre Tierra, Ivana Bellido, dijo que lo ocurrido en la localidad de Canutillos con el dique de colas fue un sifonamiento y no una ruptura.
"Nosotros hemos verificado que no ha sido un colapso del dique, sino ha sido un sifonamiento", aseveró.
Contó que ayer un equipo de técnicos de la Gobernación se trasladó hasta el lugar con la finalidad de hacer una inspección ocular para verificar si las aguas mineralizadas del dique llegaron hasta el río Pilcomayo.
Dijo que se realizó la inspección hasta la comunidad de Colavi Bajo, lugar donde se evidenció que existen residuos mineralógicos.
Colavi Bajo está ubicada a cinco kilómetros del dique de colas Santiago Apóstol.
Dijo que la empresa minera está realizando trabajos de mitigación ambiental porque se teme que, una vez llegue el periodo de lluvias, los residuos sean llevados hasta el Pilcomayo. Los trabajos continúan.
Para saber:
Se advirtió tres años antes En mayo de 2011, los pobladores de las riberas del río Pilcomayo, limítrofe entre los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, advirtieron del colapso de los diques de colas construidos para contener el vertido de desechos tóxicos provenientes de la actividad minera aledaña a la Villa Imperial.
Perjuicios en la pesca En junio de 2013, el Gobierno y el ejecutivo regional de Villa Montes reportan que “el río Pilcomayo está afectado y que la actividad pesquera es una de las principales perjudicadas y, por ende, quienes viven en su zona de influencia son los que pagan las consecuencias”.
Un río, un desierto La mano del hombre y los fenómenos naturales transforman parte del río en un desierto.
Tarija demanda un informe del derrame La Secretaría de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación de Tarija demanda información sobre “la explosión del dique en la mina S.A. del departamento de Potosí” para determinar qué acciones va a tomar esa administración departamental. No hay un reporte oficial que conozca esa repartición hasta el momento. Preocupado por las repercusiones, Alejandro Romero, director de la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN), anunció que se comunicará con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para poder proporcionar una información más certera al respecto. “Hemos sacado muestras fotográficas como también muestras de las aguas que botan dentro de ese dique entre otros actuados", dijo el fiscal José Luis Ríos.
...hoy es considerado el punto mas seco del planeta
LAS CRUCES DE QUILLAGUA
La crisis del agua y la extinción de un pueblo
Documental Trailer
“Las Cruces de Quillagua”
Este audiovisual trata sobre la situación del pueblo de Quillagua, localidad ubicada a 280 kilómetros de Antofagasta, en la comuna de María Elena (Chile), donde la contaminación del Río Loa, por parte de las mineras como Codelco y Soquimich, acabaron con la agricultura local. "La minería creció y Quillagua murió", dicen sus habitantes.
El pueblo de Quillagua al estar situado en las orillas del río Loa se consideró un oasis gracias a las aguas del río y los pobladores se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, hasta que en la década de los 80 las empresas mineras contaminaron el río Loa y compraron los derechos de agua. Desde entonces, la ciudad ha vivido en constante decadencia y está constituida principalmente de la población de edad avanzada. Las posibilidades son muy limitadas, el agua la lleva un camión que pasa cinco días a la semana. A través del documental veremos la situación actual de la ciudad y la historia de su pueblo.
Los líderes de la comunidad Nam Qom presentaron una medida cautelar de no innovar contra el Estado y el gobierno provincial.
“No seremos asesinos del futuro de nuestros hijos”, dicen.
El puente de concreto aparece súbitamente, como un espejismo en el desolado paisaje en medio de la nada. El camino de ripio, que parte desde la Ruta Nacional 81, a la altura del kilómetro 1.189, cruza la imponente estructura sobre el riacho Formosa y luego muere entre la espesura.
“Este es el camino y el puente que el Gobierno provincial de Formosa ha construido en secreto para que ingresen los camiones al lugar donde se quiere construir la planta de uranio de la empresa Dioxitek. Esta información se ha ocultado al pueblo de Formosa, así como al Gobierno y al pueblo del Paraguay, a quienes se les ha mentido, asegurando que aún no se construye nada”, dice el doctor Nuncio Bernardo Toscano, del Foro Médico Ciudadano (AMRA).
A 16 kilómetros del centro de Formosa, el lugar está dentro del predio de 574 hectáreas que el Gobierno provincial expropió para construir un Polo Científico y Tecnológico, con un sector industrial en donde se busca instalar la planta de uranio.
VIGILANCIA. El médico Toscano nos ha conducido hasta el lugar a los enviados de Última Hora y al conocido biólogo argentino Raúl Montenegro, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, buscando evadir la vigilancia de un puesto volante de la Gendarmería.
Al rato, varios motociclistas llegan al sitio, provocando el sobresalto del médico, hasta que reconoce a miembros de la comunidad Toba Qom.
“¿Vienen a visitar el puente Dioxitek? Nosotros justamente estamos presentando una medida cautelar de no innovar ante la Justicia argentina, pidiendo que se pare la construcción de la planta de uranio”, informa uno de los jóvenes , quien se presenta como Horacio, líder de la cercana comunidad Nam Qom.
Horacio invita a trasladarnos a la comunidad, a 4 kilómetros del lugar donde presuntamente se construirá la planta. Allí nos presenta a su principal dirigente, Israel Alegre, quien ha emprendido una batalla judicial para intentar que se pare la obra.
SIN CONSULTA. “El Gobierno federal argentino y el provincial de Formosa le dicen a las autoridades del Paraguay que todo está en proyecto, que aún no se construyó nada, pero todos nosotros, que somos vecinos, sabemos muy bien que ese camino y ese puente se hicieron para meter los camiones y vehículos pesados para construir la planta, sin que se haya aprobado todavía el estudio de impacto ambiental”, asegura el lider Qom, Israel Alegre.
Activo y locuaz, el dirigente cuenta que está estudiando abogacía para defender los derechos de su pueblo originario, y que ha decidido iniciar una batalla judicial desigual, “como de David contra Goliat”, para intentar que la planta no se construya.
“Nuestra comunidad, habitada por unas 7.000 personas, se encuentra al borde de la Ruta 81, por donde van a pasar los camiones que van a llevar el uranio, que es el combustible del reactor nuclear. Sabemos que tiene efectos radiactivos y cancerígenos, y que lo pueden inahalar nuestros chicos”, destaca el dirigente indígena.
Por ello, él personalmente, a nombre de la comunidad Nam Qom, presentó ante la Justicia federal una medida cautelar de no innovar contra el Estado argentino y contra el gobierno provincial de Formosa, pidiendo que se pare la construcción de la obra.
“A nosotros nadie nos ha consultado, como establece la legislación, aunque somos una población directamente afectada. Por tanto, la planta es ilegal y estamos en contra. No seremos asesinos del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”, dice Israel.
El representante jurídico de los indígenas ayoreo totobiegosode, único pueblo originario de Paraguay que aún tiene miembros que no han contactado con la civilización, denunció hoy ante la Fiscalía que la empresa de origen brasileño Yaguarete Pora S.A. está talando ilegalmente los bosques de su territorio ancestral.
Los ayoreos piden que se detenga la deforestación de sus tierras, para permanecer aislados de la civilización y preservar sus costumbres. Foto: www.survival.es
El abogado Julio Duarte, elegido como representante jurídico por la comunidad, explicó a Efe que los ayoreo reclaman una urgente intervención para “frenar la ilegal deforestación que realiza la firma de origen brasileño Yaguarete Pora S.A.” en sus bosques.
Gente, Ambiente y Territorio (GAT) y la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) denunciaron nuevas acciones de desmonte por parte de esa compañía, detectadas gracias a imágenes de satélite, en el área considerada por el Estado en 2001 como reserva cultural y natural como parte del territorio ancestral de los ayoreo.
El abogado reclamó a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y al Instituto Forestal Nacional (Infona) que exijan a la empresa Yaguareté Porá que cese de talar árboles, porque está incurriendo en una acción ilegal que viola una resolución gubernamental y una sentencia del Tribunal de Cuentas.
A pesar de ello, la SEAM otorgó en enero de este año una renovación de licencia ambiental a Yaguarete Pora, cuando ya existía una resolución anterior que condicionaba la renovación a que la empresa presente un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que nunca se produjo, según Duarte.
La denuncia enviada hoy por los nativos a la Fiscalía y al estatal Instituto Nacional del Indígena (INDI) mantiene que las vidas de los indígenas en aislamiento voluntario “corren serio riesgo por la acelerada deforestación de su territorio”.
Aunque los indígenas no renuncian a las 550.000 hectáreas originales, quieren garantizar unas 200.000 hectáreas para preservar su modo de vida, idioma, cultura y el hábitat natural en el que viven desde antes de la colonización española. CRISIS (video)
Mientras las topadoras y los terratenientes ganaderos invaden cada vez más su territorio, los ayoreos de Paraguay están preocupados por la seguridad de sus parientes no contactados.
Los indígenas piden la titularidad territorial sólo sobre una porción de su territorio. Sin su bosque no pueden alimentarse ni subsistir, y están muy preocupados por sus familiares no contactados que aún viven allí.
En virtud de la legislación paraguaya, el área reclamada debería haber quedado bajo titularidad indígena hace años, ya que tanto ésta, como la Constitución del país, reconocen el derecho de los indígenas a la titularidad sobre sus tierras tradicionales.
Pero los poderosos terratenientes han bloqueado la legislación en repetidas ocasiones y ya han excavado ilegalmente parte del bosque.
En el corazón del territorio indígena hay una parcela de unas 78.000 hectáreas que pertenece a la firma brasileña Yaguareté Porã. La compañía ya ha talado una extensa área boscosa que se encuentra muy cerca de la zona donde recientemente han sido avistados indígenas aislados.
En respuesta a la indignación colectiva desatada por este hecho, la empresa anunció un plan de crear una “reserva natural” en su territorio, pero lo que en realidad intenta es destruir unos dos tercios del bosque de la zona.
Con la tala de esta enorme área boscosa, los indígenas totobiegosode aislados no tendrán lugar donde esconderse. Sus familiares ya asentados intentan protegerlos desesperadamente.